Argentina Salvaje: cómo detener la violencia que nos azota

La puede desatar una discusión de tránsito, un robo, una disputa entre vecinos o una simple mirada torva. Los argentinos reaccionamos con furia ante el menor contratiempo. Cuáles son las raíces del mal. Cómo podemos combatirlo.

descarga

Por Gustavo Sierra

En un momento es una moto que se cruza sobre un auto o alguien que golpea a otro caminando por la calle con descuido. Puede ser la amenaza de un narco o el exceso de alcohol. El cajero automático que no funciona o el colectivo que se descompone. Es saber que una vez más no llegamos a fin de mes o que los chicos tienen hambre y no hay ni para un cuarto kilo de pan. Es la música a todo lo que da del vecino y el aumento del 50% en el almacén o el supermercado. Y, por supuesto, un asalto, un acoso, unos golpes. Puede ser cualquier cosa. Los argentinos estamos estallando como bombas. Los relatos salvajes de escenas cruentas atraviesan todas las clases sociales y situaciones. La violencia está instalada en nuestra sociedad.

De acuerdo al Barómetro Americano de la Universidad de Vanderbilt, de Estados Unidos, en 2014 Argentina figura primera entre los 21 países del continente en denuncias a la policía por robos (975 por cada 100.000 habitantes), cuarta entre los vecinos que ven cómo se vende drogas en sus barrios (el 50,5% de los entrevistados fue testigo), primera en robos en el barrio (con un 71,8% de los vecinos que dijo haber sido víctima, testigo o escuchó sobre un robo) y cuarta en la escala de víctimas de algún crimen con un 24,4% de ciudadanos. En un estudio anterior de este Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Popal), Argentina es cuarta entre las 21 naciones en percepción ciudadana de que la policía está involucrada en el crimen con un 60,9%; y cuarta en el ranking entre los países donde la policía solicita sobornos (un 15,6% de los argentinos dice que le pidieron una coima en 2014). Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), muy cercano al gobierno, acaba de dar su último informe en el que asegura que “creció la violencia institucional”. El resto, lo podemos ver en directo cuando transitamos por las calles de cualquier gran ciudad argentina o por las imágenes que toma alguien con su celular como la del ciclista y el taxista que discutieron la semana pasada por una mala maniobra y todo terminó con el primero bailando encima del techo del vehículo y el segundo amenazando con destrozar la bicicleta. A un incapacitado lo tiraron de un puente porque pretendía pasar por entre un piquete para ir al hospital con su esposa. Una nota publicada en estas mismas páginas sobre la situación del barrio de La Isla de Villa Fiorito terminó con todos los testigos amenazados de muerte por el narcotraficante que domina el barrio.

“Hay mucha gente desprotegida, atemorizada, en la incertidumbre. Esto trajo un gran crecimiento de la violencia interpersonal. Se llega muy fácilmente al homicidio, lo muestran las encuestas, como escalamiento del conflicto entre dos personas”, comienza explicando Alberto Fohrig, politólogo de la Universidad de San Andrés. Para la profesora de filosofía y bioética Diana Cohen Agrest, se trata de “una espiral de violencia incrementado por un imaginario colectivo que desde que finalizó la dictadura, asocia toda forma de autoridad con autoritarismo. La falta de respeto a las normas seguidas de la ausencia de sanción condujo a que la gente viole la ley confiada en que no recibirá castigo”. El historiador Jorge Ossona advierte que tenemos “una larga tradición violenta en nuestra historia” con llamadas a degüello y guerras intestinas muy sangrientas y hoy, después de algunos años de apaciguamiento, “hay un tipo de régimen político que ha hecho del conflicto y la lucha facciosa una virtud cívica”.

Para el psicoanalista Sergio Zabalza es el resultado de “un ansia de satisfacción, un exceso que llamamos goce. Queremos gozar, estar satisfechos. Y ante el mínimo fracaso, aparece la violencia”. Y María Fernanda Berti, maestra del conurbano y coautora de “La violencia en los márgenes” cree que “los altos índices de informalidad laboral y la presencia contradictoria y fragmentada del Estado, reproducen esta violencia que observamos a diario”.

descarga (2)

La crispación de la sociedad argentina tiene una base sólida en el deterioro económico y social que vive el país desde hace cuarenta años. Las sucesivas crisis hicieron que millones de personas perdieran los pequeños y grandes “contenedores” sociales, cayeran en la pobreza y perdieran toda esperanza de mejora para ellos y sus hijos. Algo que crea una enorme frustración y violencia. A medidos de los setenta Argentina tenía un 2,8% de desempleo, un 8% de pobreza y un mercado informal de menos del 10%. Hoy la pobreza alcanza a alrededor de un tercio de la población, el mercado informal de trabajo supera el 30% y el desempleo dentro de la formalidad es altísimo con al menos un 12/15%. “Aquí se perdió totalmente la movilidad social que caracterizó a este país por décadas. Ya hace mucho que no somos ‘un país europeo’. Esto crea una clase media frustrada, con miedo, porque ya con los valores del trabajo y el estudio no se consigue un bienestar aceptable. Y una clase baja que vive profundamente ese estancamiento, con un tercio de los argentinos en la pobreza y sin ninguna esperanza de salir de ella”, explica el profesor Fohrig. “Y hay otro vínculo que se rompió que es el esquema familiar de protección. Los miembros de las familias extendidas de principios del siglo XX se ayudaban mutuamente. Hoy hay familias ensambladas donde ya no están esos lazos de solidaridad”, agrega.

Sergio Zabalza profundiza en las afecciones de los argentinos que nos arrastran a la violencia: “la violencia por el ansia de satisfacción está exacerbada. ¡Gozá! Sos ilimitado, dice una publicidad de celulares, nada es imposible, dice otra de zapatillas. Se puede todo. El ciberespacio y su aceleración incentiva la ilusión de una satisfacción inmediata, cuyo inevitable fracaso crea violencia”. También hay una aceptación social de ciertas inconductas como los “barrabravas” del fútbol que son glorificados siempre que sean de nuestro equipo o de “los fierreros”, de autos preparados para correr picadas en las calles de la ciudad que terminan con la muerte de transeúntes. A esto hay que añadirle una larguísima ristra de “pequeñas corruptelas”, beneficios del “acomodado” o “bien conectado”, personajes que se apoderan del bien común y el espacio público, que irritan a los que de alguna manera se adaptan a las leyes y cumplen con las normas. “Con todo esto el Estado abandona su función de hacer justicia y aparece la justicia por mano propia”, comenta Diana Cohen Agrest. Otro foco de violencia es la aglomeración y el hacinamiento de las grandes ciudades argentinas. Se construye en forma indiscriminada, sin planificación, se deja en el desamparo de la falta de agua y cloacas a millones, se otorgan subsidios a vehículos en malas condiciones, el transporte en las horas cruciales es más adecuado para la carga que los ciudadanos. “Todo esto trae esos estallidos en las calles, más accidentes, más robos, más congestión, más violencia”, apunta Ossona.

La mayoría de los entrevistados señala la necesidad de “bajar los decibeles” del discurso público a través de campañas que marquen los valores de la confraternidad y la convivencia pacífica, así como marcar cuáles son las faltas más comunes que se convierten en delito y que la gente no tiene conciencia de que las comete o se hace el distraído. “Hay que regresar al trabajo social en los barrios. El Estado debe ejercer su presencia y dar respuesta. Debe haber un desembarco masivo del Estado, la sociedad civil y la Iglesia”, propone Fohrig. Todo esto mientras se trabaja para erradicar los males endémicos de la política argentina. “La corrupción y la priorización de los negocios en detrimento de la gestión burocrática racional impiden la planificación a largo plazo, que es lo que nos convierte en un país a espaldas del futuro”, complementa Ossona. “A pesar de la violencia, en los barrios más necesitados hay todavía una gran solidaridad. Hay que trabajar dentro de ese valor. Y hay que tratar de imponer la idea de una ética del cuidado, del hacer lo correcto: cuidar los hijos, asistir a la escuela, cumplir con el trabajo, etc.”, señala María Fernanda Berti.

El problema más grave que hay que atacar es el de las adicciones y el narcotráfico, que llevan la violencia a niveles extremos. Hay un aumento superlativo del alcoholismo y el consumo de cocaína y otras drogas ilegales en todas las clases sociales. Y también de las drogas legales. Argentina es el primer consumidor mundial de clonazepam (ansiolítico), de acuerdo a estadísticas de la OMS. Para combatir el narcotráfico -según los expertos- se necesita primero una batería de leyes que ataquen por sobre todo la ruta del dinero generado. Si no hay negocio no hay narcotráfico. Para esto se necesita una fuerza especial integrada tanto por comandos como por contadores, programadores informáticos y analistas de inteligencia. Y un control efectivo sobre los laboratorios y las drogas básicas utilizadas por la industria farmacéutica como el que se puso en práctica después de los escándalos y asesinatos provocados por la importación ilegal de efedrina, podría controlar el consumo de “pastillas” por parte de las clases media y alta. Juan Tokatlian, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Di Tella, pone como ejemplo lo que se realiza en Finlandia, que tiene el nivel de confianza ciudadana en la policía más alto de Europa. “La inequidad ligada con la desconfianza y combinada con la injusticia, alimentan la corrupción. Una policía regulada en forma férrea y abierta al escrutinio público, puede recomponer la confianza y, por ende, la posibilidad de llegar a una justicia más abarcativa”, dice Tokatlian. Otro ejemplo que apunta el profesor es el de la National Crime Agency (NCA) de Gran Bretaña, que desde que se reformó en el 2013 se dedicó a hacer inteligencia sobre la criminalidad. “Detectaron unos 5.500 grupos criminales que involucran a 37.000 personas. Y desde entonces los monitorean y controlan”, comenta.

Los entrevistados coinciden en que las acciones represivas desde el Estado no contribuyen a la solución. Pero aceptan que la implantación de políticas de “tolerancia cero” para ciertos delitos ayudaría. “En Colombia realizaron una campaña de “los chicos buenos en casa” durante la semana laboral después de la medianoche, que tuvo muy buenos resultados. Los menores no pueden estar en la calle a la madrugada de ninguna manera”, cuenta Diana Cohen Agrest. Todos hablan de que hay, al menos, que debatir la posibilidad seria de implementar algún tipo de “servicio social” en que los jóvenes de 16 a 20 años tengan una contención y se les creen las posibilidades para entrar el mercado del trabajo. Y “hacer visible” el problema de la violencia con tratamiento en las escuelas, hospitales, comisarías y dependencias gubernamentales. Pero, por sobre todo, se necesita “bajar el tono” del discurso desde la estructura del Estado –comenzando por los más altos funcionarios que tienen un lenguaje agresivo permanente- hasta el del último ciudadano. Hay que detener la violencia apenas se verbalice y antes de que se concrete el asalto.