Denuncian un sugestivo cambio en Hotesur, la sociedad de la familia Kirchner

La diputada opositora advertirá ante el juez Ercolini que la sociedad de la familia de Cristina Kirchner realizó una “asamblea ficticia” para modificar el directorio. Pedirá que la empresa sea intervenida.

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Nuevas pruebas se suman en la causa Hotesur y complican a Cristina Kirchner. La diputada nacional Margarita Stolbizer tiene previsto denunciar que la sociedad de la familia de la ex presidenta celebró “una asamblea ficticia y renunciaron todas las autoridades“, con el supuesto objetivo de “vulnerar las cautelares dictadas por la Justicia“. Ante esa maniobra, en un escrito que será presentado ante la Justicia y al que accedió Clarín, se pedirá que el juez Julián Ercolini disponga que “se intervenga” la empresa y “se evalúe la responsabilidad penal y/o profesional” de los involucrados.

La presentación apunta contra la familia Kirchner y alerta sobre la colaboración de un abogado, un escribano y Romina Mercado en los “artilugios” que podrían haber incumplido medidas judiciales vigentes.

En el escrito se explica que el 20 de diciembre de 2017, se “simuló la realización de una asamblea general ordinaria y extraordinaria”, de los integrantes en Hotesur SA. Esta información, se desprende según la denuncia, del acta de constatación que realizó el escribano Carlos Augusto Marcovecchio y que “acompañara la IGJ a la causa, se realizó esta pseudo asamblea con graves deficiencias que tornan nula la misma”.

La maniobra denunciada se realizó “en un lugar diferente a la sede social inscripta, tratándose del domicilio de Romina Mercado”, presidenta de Hotesur e hija de Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz y cuñada de la ex presidenta y actual senadora nacional.

Stolbizer sostuvo que desde que comenzó la causa se planteó que Hotesur “no tenia sede real y a lo largo de toda la tramitación de la causa vimos que todos las sedes que se fueron fijando fueron ficticias”.

Para la asesora letrada de Stolbizer, Silvina Martínez, no se puede corroborar “que la convocatoria a dicha asamblea haya sido realizada en debida forma toda vez que no se encuentra transcripta en el acta de constatación”.

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Del acta cuestionada no surge la correspondiente certificación “en relación a la imposibilidad de contar con libros rubricados”. La sociedad contaba con libros que fueron tachados y adulterados, según arrojó el peritaje realizado en la causa y según declaró -tal como contó Clarín-, el contador Víctor Manzanares.

Ahora, se determinó que la rúbrica de los nuevos libros fue “desistida por la propia empresa y no denegada por la IGJ”, tal como se manifestó en el acta. Pero esto no se condice con lo manifestado en el acta de asamblea del 20 de diciembre ya que la empresa requirió a la IGJ nuevas rúbricas de libros el 10/12/2015 “por encontrarse afectados a una causa penal”.

La IGJ observó dicho trámite en enero de 2016, allí dijo que faltaban los datos del representante legal en ejercicio en el formulario, que además había divergencia de los datos de inscripción insertos en el formulario.

Entre otras observaciones se indicó la ausencia de datos de actas de órgano de Gobierno. Clarín había dado a conocer que Hotesur nunca subsanó las observaciones marcadas. “Desistió de la solicitud de rúbricas de libros. Es decir, si la empresa no cuenta con nuevos libros rubricados es por la exclusiva culpa de los representantes de Hotesur”, indicó Stolbizer.

En tal contexto, los integrantes del directorio de Hotesur “realizan la asamblea sin previamente notificar de la misma al juzgado ni a los veedores designados y manifiestan que lo harán posteriormente”.

Para la denunciante las decisiones adoptadas en dicha asamblea “violan las medidas cautelares expresamente dictadas en la causa”.

Al confirmar la asamblea, “vuelven a tratar cada uno de los puntos del orden del día de la asamblea del 21 de diciembre de 2016 y allí se aprobó distribuir utilidades, algo prohibido de acuerdo a las medidas cautelares vigentes”, indica el escrito.

Cuando en diciembre de 2017 se resuelve destinar a reserva facultativa las ganancias del ejercicio, se señaló que se utilizarán a los “fines de afrontar los gastos necesarios para el desenvolvimiento de la sociedad”.

Esto significa que no destinan a ningún objetivo determinado los repartos de dividendos “algo prohibidos por las medidas cautelares”, señala la abogada de Stolbizer.

La ley indica que se autoriza la constitución de reservas distintas “cuando sean razonables y respondan a una prudente administración”, algo que no sucedió según la ex diputada “ya que no se explicó a qué se iba a destinar esta reserva facultativa (que no es lo mismo que resultados no asignados) así como tampoco se cumplió con los mencionados requisitos en la asamblea impugnada”.

Por eso se pidió que Hotesur sea intervenida. A la fecha sólo cuenta con veedores judiciales.

 

La sociedad de los Kirchner

Hotesur SA es la firma dueña del hotel Alto Calafate que -desde 2009 a junio de 2013- administró Lázaro Báez, acusado también en esta causa. Sólo por administrar el hotel, el dueño del Grupo Austral pagó a la ex Presidenta 27.592.110 pesos, según consigna un informe pericial. El contrato fue en dólares e incluía un canon mensual por la explotación comercial de 40 mil dólares.

Pese a que año a año pagó cada vez menos, siempre fue el principal cliente. En el análisis de los alquileres que año a año pagó el empresario K, se detalla que en el primer período abonó $ 6.829.240. El número decreció anualmente hasta 2013, cuando por seis meses se abonaron 2.937.672 pesos. Durante dicho período, la Justicia investiga en paralelo, la adjudicación de contratos viales que recibió Lázaro Báez: 52 por $ 46.000 millones cifra actualizada a 2016.

Además entre 2011 y 2012, con siete de sus sociedades, Lázaro Báez alquiló habitaciones que nunca utilizó de tres hoteles de la ex mandataria por 11 millones de pesos.