La madre del borrego

Los seguidores de Cristina quieren hacer creer que sus problemas en la Justicia tienen intención electoral.

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Los berridos empezaron a escucharse el mismo domingo, cuando Clarín reveló que el informe que concluyen peritos de la Gendarmería se encamina a señalar que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado en enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado a Cristina Kirchner por encubrimiento a iraníes en el atentado a la AMIA. El argumento de esa protesta airada fue que aparecían estas noticias justo cuando Cristina –según ellos- se encamina a ser candidata y a pasarle el trapo a sus oponentes internos para después hacerle pelo y barba a Cambiemos, con Macri y María Eugenia Vidal a la cabeza. Conmovedora transparencia la de los defensores de la ex Presidenta, una activa legión donde se mezclan muchos honestos convencidos y patrullas perdidas de revoluciones de otro siglo, con tipos que cobraron durante años de los servicios de inteligencia, algunos que fueron periodistas, unos cuantos que nunca fueron peronistas y otros que desde siempre buscan huequitos en las listas de candidatos y conchabo para sus módicos seguidores. Todos tienen derecho al pataleo. Pero no es aceptable que se declaren ni vírgenes ni inocentes.

NISMAN CRISTINA

Colgados de la vergonzosa investigación que la fiscal Viviana Fein encabezó durante meses tratando de demostrar que Nisman se había suicidado, tal como era el deseo y la orden del gobierno anterior, los guardaespaldas mediáticos de Cristina saltaron sobre la información de Clarín sin desmentirla, sino condenando sus supuestas intenciones electoralistas. Al mismo tiempo, profesionalmente, el diario La Nación en su edición de ayer confirmó la noticia agregando datos y opiniones.

La coincidencia temporal entre las novedades judiciales y los aprestos para las PASO y las elecciones de octubre no hay que buscarla en la mesa de saldos de las conspiraciones con las que el relato sigue tratando de explicar lo inexplicable. Se trata, en todo caso, de un subproducto de la inoperancia, el burocratismo o la complicidad con que actúan demasiados jueces y fiscales respecto del poder. Y así como le pusieron una exasperante cámara lenta a los expedientes que involucraban a Cristina mientras ella hacía restallar su látigo magnífico en la Casa Rosada, ahora hacen como que se apuran mientras miran por el rabillo del ojo para detectar si Macri está saludable como para ganar en octubre y entonces sí, ponerse a tono con la dirección en la que sopla el viento.

Pero si se mira por debajo de la cáscara chillona es fácil encontrar a la madre del borrego. Cristina, su familia y sus seguidores tienen problemas en la Justicia, sencillamente, porque está probado que cometieron cantidad de delitos, o hay pruebas suficientes para sospechar que los cometieron. Nunca antes, en gobiernos de perfecta legitimidad de origen como los de la familia Kirchner, se había perpetrado semejante saqueo contra el Estado y la sociedad.

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No hay inocentes en este juego despiadado. El gobierno de Macri, aun arrastrando torpezas y tibiezas notables, maniobra para embarrar más al kirchnerismo. Y los de Cristina, que son aguerridos e inescrupulosos, cambian golpe por golpe y hasta pegan más que el oponente en el combate judicial.

Así, por un lado –como anticipa hoy Clarín- el fiscal Gerardo Pollicita se apresta a pedir las indagatorias de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner por el caso Hotesur, ícono del modelo hotelero de negocios más próspero de la década ganada; poniendo a la ex Presidenta al borde de su cuarto procesamiento después de haber alcanzado tres veces ese indeseable estado judicial con acusaciones del espesor de la asociación ilícita y el lavado de dinero.

Y del otro lado el grupo táctico que conduce la procuradora general Alejandra Gils Carbó imputa por los negocios sucios de la constructora brasileña Odebrecht -lubricados con coimas por 35 millones de dólares a funcionarios kirchneristas- a Angelo Calcaterra, el primo de Macri que hizo negocios con el Estado antes y después que el actual presidente llegara a la Casa Rosada.

El fiscal Franco Picardi también imputó por los enchastres de Odebrecht a Julio De Vido, que sigue lo más campante como si gozara de la protección para nada sobrenatural que denunció Lilita Carrió. Quede constancia que Picardi es miembro de La Cámpora y fue funcionario del Ministerio de Justicia. Cuando se venía la noche Gils Carbó lo plantó como fiscal federal y el hombre está haciendo su trabajo.

La estrategia de Cristina y sus generales judiciales es que todo quede mezclado en la percepción pública. Que las corruptelas de ellos se confundan e igualen con las cometidas por allegados a Macri. El Gobierno, blandito y culposo, facilita este cambalache.

La jugada de los ultra K es redonda. Como a De Vido ya no vale la pena defenderlo en los tribunales, porque su reino no es de esa tierra sino de la política, un fiscal camporista lo imputa y otro, Sergio Rodríguez, a cargo de Investigaciones Administrativas, apela el sobreseimiento que le dieron en una causa por la central de Río Turbio. El fiscal hizo lo que debía hacer. Pero que un soldado de Gils Carbó rechace un beneficio para De Vido llama la atención por lo inusual.

Y hay más ejemplos. Amado Boudou, una vergüenza que tuvimos de vicepresidente, fue enviado la semana pasada a juicio oral por querer apropiarse de Ciccone, la máquina de hacer billetes. Pero ayer el camarista Eduardo Freiler, que dos veces rechazó investigar la denuncia de Nisman contra Cristina y acumuló una fortuna obscena que no puede justificar, se salvó por ahora del juicio político porque los operadores K pusieron en la morsa al académico Jorge Candis y a los acusadores les faltó un voto decisivo en la Magistratura.

Cosas que suceden en este tiempo, donde –con permiso de Clausewitz- la Justicia sigue siendo la continuación de la política por otros medios.