La sociedad argentina no tolera más la ilegalidad

La muerte violenta del fiscal Alberto Nisman cuatro días después de haber denunciado a la Presidenta y al canciller por la posible comisión del delito de encubrimiento en la causa AMIA genera un sinnúmero de consecuencias políticas nacionales e internacionales todavía difíciles de mensurar.

foto-articulo-515x350

Por Ricardo Sáenz  

Entre estas múltiples derivaciones quiero analizar la que se cierne sobre el sistema judicial argentino, que ya hace unos años viene siendo objeto de duros cuestionamientos, muchos de ellos con justa causa. No pretendo formular un análisis de tipo endogámico, referido a qué nos sucede a quienes integramos ese sistema, sino a las impresiones y convicciones que hechos como éste, y los que fueron su antecedente, generan en la sociedad.

La muerte de Nisman marca un punto de inflexión en una larga historia de desinteligencias y desmanejos de los operadores de la Justicia, tanto en lo referente a la relación con el poder político como con los servicios de inteligencia. Y también lo marca en esa misma línea para la sociedad, que hace años observa perpleja ese panorama.

La sociedad argentina no tolera más este tipo de hechos, ni los intentos del Poder Ejecutivo de intervenir sin tapujos en causas judiciales, ni las distintas variantes reñidas con la legalidad con las que mucha veces el Poder Judicial tramita esa tendencia. Las primeras denuncias por corrupción de funcionarios públicos; la crisis desatada por la causa Ciccone, que derivó en la abrupta renuncia del entonces procurador Esteban Righi y continuó con su traumático proceso de reemplazo, hasta llegar a la designación de Alejandra Gils Carbó; las tan cuestionadas designaciones que ésta realizó en el Ministerio Público Fiscal y que terminaron con varias denuncias penales y medidas cautelares que frenaron algunas de ellas son todos hechos que constituyen tan sólo una muestra de este proceso de degradación institucional que ya no puede tener lugar en la Argentina.

Lejos de contribuir a encauzar esta crisis, el Gobierno avanzó con el mal llamado proyecto de “democratización” judicial, que naufragó en 2013 cuando la Corte Suprema lo declaró inconstitucional, e intentó luego influir en la integración del máximo tribunal, hasta llegar a que 30 senadores nacionales se comprometieran a no tratar ningún pliego para juez de la Corte hasta 2016, mientras que el Ejecutivo ha enviado el de un abogado de tan sólo 33 años. También debemos computar en esta breve síntesis el intento de reformar el Código Penal y la aprobación de los Códigos Civil y Comercial y Procesal Penal llevada a cabo sin los necesarios consensos parlamentarios para leyes de semejante envergadura.

En esta línea se formularon otras graves denuncias de corrupción que involucran a la familia presidencial -como la conocida causa Hotesur-, con nuevos conflictos relacionados con supuestas filiaciones políticas de los jueces intervinientes, hasta llegar a la denuncia de Nisman, su muerte violenta e inexplicable cuatro días después, y el debate jurídico que ha generado la suerte judicial que viene corriendo esa investigación.

Esta apretada enumeración de hechos altamente conflictivos tiene por objeto describir una realidad que, como sostuve más arriba, ya no podrá continuar a partir del próximo cambio de gobierno.

La sociedad está reclamando claramente otra cosa. Otra actitud de su clase dirigente, sea la política, la empresarial, la sindical y también la judicial.

Entiendo que ya no hay espacio para presentar una investigación judicial contra un gobierno como si fuera una batalla política donde el derecho escapa por la ventana y sólo interesa para su resolución si el juez o el fiscal son oficialistas u opositores. No hay más espacio para emprender operaciones de propaganda contra funcionarios políticos o judiciales, a modo de viejos escraches de tipo fascista, como viene ocurriendo con el pertinaz intento de frivolizar la vida privada de Nisman con la intención de deslegitimar su trabajo para que pensemos que su denuncia carece de fundamentos sólidos y que debe ser desestimada judicialmente, como ha ocurrido hasta ahora.

No hay más espacio para discutir el nombre y las funciones del Servicio de Inteligencia del Estado mientras se esté pensando en cómo se lo sigue utilizando en contra de las leyes y para espiar a los adversarios políticos. No hay más espacio para intentar torcer la interpretación de cuanta norma se oponga al deseo del gobernante por imponer su criterio. No hay más espacio para que los nombramientos en el Estado se funden más en la militancia que en la idoneidad o en la obsecuencia que en la honestidad.

El gobierno que asuma el 10 de diciembre, no importa su signo político, deberá reconstruir gran parte de la institucionalidad abandonada por muchos años, y el Poder Judicial será un capítulo muy importante en esta vuelta al imperio de los principios republicanos y la división de poderes.

Ese gobierno tampoco tendrá espacio para eludir esta tarea, no sólo porque constituye un imperativo moral y legal, sino porque la sociedad argentina ya no acepta seguir viviendo de otra manera y solamente necesita y desea desarrollarse en paz, compartiendo ideales de libertad, honestidad, decencia y trabajo.

El autor es fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal