Restringen la habilitación de nuevos gremios para acotar el poder de Héctor Recalde

El Gobierno sospecha que detrás de la expansión sindical hay “un negocio” de abogados laboralistas vinculados al kirchnerismo

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El Gobierno de Mauricio Macri decidió restringir al máximo la expansión del sindicalismo en cualquiera de sus versiones. Desde su llegada al poder hasta la actualidad, el Ministerio de Trabajo habilitó formalmente la creación de apenas cuatro sindicatos. El giro es muy drástico si se lo compara en promedio con lo que sucedió durante el kirchnerismo, cuando se crearon 650 gremios entre 2003 y 2014. Es decir, unas 60 organizaciones por año.

El rechazo a la habilitación de nuevos sindicatos es una suerte de política de Estado y tiene sus explicaciones, según fuentes del Ministerio de Trabajo, que encabeza Jorge Triaca.

Por un lado, la intención del Gobierno es enviar una señal de respaldo al sindicalismo clásico, que se vio amenazado últimamente por el resurgimiento de la izquierda y hasta por algunos fallos judiciales. “Preferimos privilegiar la relación con los sindicatos grandes, los principales de cada actividad, antes de ampliar los interlocutores”, blanqueó parte de la estrategia un jerárquico de la cartera laboral.

Otro de los motivos es intentar debilitar a una casta de abogados laboralistas que el Gobierno identifica como “obstáculos” para la creación de empleo. “El kirchnerismo dio personería gremial o simple inscripción a cualquier boludo. Hay muchos sellos de goma que no representan a nadie. Por ejemplo, hay un sindicato de boxeadores que no tiene afiliados. Es parte de un negocio de abogados laboralistas que son cercanos al kirchnerismo. Se reparten el negocio entre ellos”, argumentó el mismo funcionario, hace dos semanas.

Unos días después de esta sentencia, Macri acusó a Héctor Recalde, el jefe de la bancada de Diputados del Frente para la Victoria, de conducir la mafia de los juicios laborales.

El ex ministro de Trabajo Carlos Tomada cuestionó la embestida de Macri contra Recalde. “Es un agravio institucional. Macri ofició de patrón”, dijo Tomada a LA NACION. Y agregó: “Estamos ante un gobierno antisindical, no me sorprende que no quieran más gremios. Nosotros cumplimos con lo que dice la Constitución. Cuando nos retrasamos en la entrega de una inscripción gremial, la Justicia nos lo marcó.”

Los cortocircuitos con los abogados laboralistas son apenas un capítulo más de la tensión que guía hoy el vínculo entre la Casa Rosada y el Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura archivaría antes de la feria de invierno el pedido de juicio político que hizo Triaca contra los dos abogados que avalaron la paritaria de los bancarios.

Nada es casualidad: los cuatro sindicatos que obtuvieron su reconocimiento durante la gestión de Triaca pueden considerarse aliados. Tres de ellos pertenecen al riñón de Luis Barrionuevo: perfumistas, guardavidas y la Unión de Empleados de Seguridad y Vigilancia de Santa Fe. El otro caso está vinculado a Oscar Mangone, el referente del gremio del gas.

Con los cuatro sindicatos que habilitó el macrismo, en la Argentina hay 1640 gremios con personería y 1623 con simple inscripción. Los números ubican el país entre los de mayor tasa de sindicalización, con 37%, aproximadamente.

El aumento del poderío sindical durante el kirchnerismo está vinculado con tres razones principales: la creación de 6.000.000 de puestos de trabajo declarados en el sistema de seguridad social, la revitalización de las negociaciones colectivas y los interrogantes que pesan sobre el modelo sindical tradicional, lo que derivó en una mayor atomización y en el surgimiento de gremios con simple inscripción.

No está claro aún qué podría suceder con el modelo vigente, cuya ley, la 23.551 (de asociaciones sindicales), fue cuestionada de manera parcial por la Corte Suprema. Tres fallos del máximo tribunal intentaron poner fin a los privilegios de los gremios con personería y equipara derechos con los meramente inscriptos. La diferencia entre unos y otros es que los gremios con simple inscripción no poseen la representación colectiva, por lo que no están habilitados a negociar la paritaria ni a retener automáticamente de los salarios el dinero de la cuota sindical. Es decir, no cuentan con el monopolio ni con la caja, como sí los tienen los gremios con personería, mayoritariamente enrolados en la CGT.