Se agrava el conflicto en los micros de larga distancia: el Gobierno multa a las empresas que no prestan servicio

Los ministerios de Trabajo y Transporte salieron a explicar que la situación se origina por el incumplimiento de un grupo de compañías del acta que dispuso una suba salarial del 21% a los choferes. Las sanciones podrían llegar a la quita de los permisos para operar

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El Gobierno salió a multar a las empresas de micros de larga distanciaque cerraron sus ventanillas y no devolvieron los importes de los tickets a todos los pasajeros afectados por un paro anunciado por el gremio del sector.

Si bien la medida de fuerza es impulsada por el personal de un grupo de 10 empresas nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), para los ministerios de Trabajo y Transporte los responsables la situación deriva del incumplimiento por parte de estas compañías del pago del aumentosalarial del 21% decretado a fin del mes pasado por la cartera que dirige Jorge Triaca.

De hecho, desde la UTA también salieron a despegarse del conflicto y adenunciar que estas firmas impiden el normal funcionamiento de los servicios. De todos modos, sus voceros aclararon que la medida de fuerza se debe al incumplimiento empresarial del acta de aumento de salarios ya firmada en Trabajo a fines de agosto.

Hasta el momento, una decena de compañías, las más grandes y con la mayor cantidad de oferta de servicios, están afectadas por el quite de colaboración de su personal. Y con el correr del sin de semana más empresas se sumarían al paro.

Entre las marcas más reconocidas se destacan Flechabus y Vía Bariloche, casualmente las dos compañías de este sector que también pretenden ingresar al negocio aerocomercial y que el miércoles presentaron sendos pedidos en la audiencia pública organizada por Transporte.

“Dicen no tener dinero para pagar los incrementos a sus choferes pero quieren invertir en el sector aerocomercial”, cuestionan fuentes oficiales.

En este marco, Transporte comenzó a encarar una serie de acciones en las terminales para labrar infracciones y multar a las empresas. A través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), se están labrando actas de infracción por incumplimiento del servicio, por ventanilla cerrada y por no devolución de los pasajes.

Hasta ahora, las empresas sancionadas son Chevallier,  Ciudad de Gualeguaychú, Flecha Bus, Empresa Argentina, General Urquiza, Pullman, San José, Andesmar, Tata, Costera Criolla, Sierras de Córdoba, Quebus; Micromar, Tigre Iguazú, Cata Internacional, Autotransporte San Juan Mar del Plata, Autotransporte San Juan, El Rápido Internacional y Vía Bariloche.

En cuanto a las sanciones, desde Transporte explicaron a iProfesional que la CNRT se basa en el Decreto 1395/98 que dispone multas por no devolver el dinero a los pasajeros afectados que van desde el costo de 500 a 5000 tickets mínimos (de $3000 a $30.000).

Si se constatan ventanillas cerradas, la sanciones van desde el valor de 50010.000 boletos mínimos. Es decir, de $3000 y $60.000. Y si la infracción es reiterada puede llegar a suspenderse o caducarse el permiso para operar.

En cuanto a los pasajeros, la CNRT trata de reubicarlos en otras empresas que estén operando y se los asesora para que realicen las denuncias por incumplimiento del servicio. Se les pide que visiten una delegación del organismo o llamen al centro telefónico de atención al usuario 0800-333-0300. Además un inspector puede acompañarlos y labrar las actas de infracción en el momento por ventanillas cerradas o por no realizar ladevolución del dinero del pasaje.

Pero mas allá de estas medidas, el conflicto promete extenderse si no hay acuerdo entre los choferes y las cámaras empresarias en cuanto a la validez del acta que homologó el aumento.

 “No vamos a levantar el paro hasta que las empresas abonen lo pactado”, sostuvo Mario Calegari, vocero de la UTA, quien también recordó que la suba salarial “forma parte de un acta firmada por nosotros y las cámaras empresarias junto con las autoridades del Ministerio de Trabajo”.

Pero según las compañías, esta especie de “paritaria forzada” fue avalada por dos organizaciones empresariales de menor envergadura ya que la entidad que agrupa a la mayoría de las empresas de micros de larga distancia desconoció el convenio.

Se trata de la Cámara Empresaria de Autotransporte Interurbano Bajo Jurisdicción Nacional (Celadi), que la semana pasada rechazó el acta que habían firmado funcionarios de la cartera laboral con representantes de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).

Para la Celadi, el aumento salarial no está homologado y por lo tanto no se debe cumplir. Sin embargo, desde Trabajo aseguraron a iProfesional que el acta está vigente y advirtieron a las empresas sobre su obligación de hacer frente al incremento salarial.

La discusión gira en torno a la validez de la resolución 595-E/2017, publicada por el Ministerio de Trabajo, y por la cual las compañías deberán incrementar los salarios de su personal un 21% en promedio distribuido en tres tramos. El primero de 8% a partir de este mes, cuando un chofer, por ejemplo, pasaría a cobrar $21.600. El segundo de 15% acumulado, con lo cual es sueldo subiría a $23.000, y el tercero llegaría al 21% en enero del año próximo, momento en el que los ingresos de los conductores deberían estar en los $24.000 por mes.

La medida incluye otras sumas complementarias, no remunerativas, de un total de $9900, distribuidos en seis cuotas de $1650 cada una a partir de agosto.

Para las empresas nucleadas en Celadi, los aumentos son imposibles de cumplir debido a la actual ecuación económica de crisis que sufren, con caída de la demanda, mayor competencia con las aerolíneas y costos crecientes.

En concreto, aseguran que el incremento salarial agravará el complicado escenario en el que se encuentran las empresas de micros, con una ocupación cada vez más baja y que hoy llega al 47% de la capacidad de una unidad. También sostienen estar perdiendo usuarios en manos de las compañías aéreas de cabotaje, alentado por la política de cielos abiertos impuesta desde el gobierno nacional.

Amenazan también con recurrir a la Justicia para frenar la suba y advierten que se pone en juego la estabilidad laboral de 4000 de los 17.000 trabajadores que emplea el sector y causar la desaparición de varias compañías que aseguran tener fondos para sostener sus actividades sólo hasta fin de año.